(Parte de la nota de Horacio Verbitzky, aparecida este domingo en el diario Página/12)
“(…) Tanto Reutemann como Fernando de la Rúa ordenaron reprimir en diciembre de 2001, lo cual produjo 34 muertos en todo el país, nueve de ellos en Santa Fe. Ni el ex presidente ni el ex gobernador son personas sanguinarias o malas, pero sus políticas conducen a esos resultados, como se verá dentro de no mucho en los PIGS del sur de Europa. De los nueve muertos provinciales, siete fueron asesinados por la policía, cinco en Rosario y dos en Santa Fe. Además hubo heridos graves y más de dos centenares de detenidos. En cambio no hubo muertos ni heridos de las fuerzas de seguridad. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) había informado tres meses antes que Santa Fe ocupaba el primer lugar nacional en casos de gatillo fácil por habitante. Las movilizaciones colectivas de diciembre eran pacíficas y su motivo principal fue el reclamo de alimentos. Por ejemplo, en el sur de Rosario el 19 de diciembre al mediodía la policía dispersó con balas de goma y gases a más de 200 personas, la mayoría mujeres de villas cercanas, que pedían comida frente a un supermercado. Más tarde, la policía cambió las balas de goma por las de plomo. Hubo persecuciones, disparos al aire, ingresos a domicilios, donde se lanzaron gases lacrimógenos.
La cadena de comando
Nunca se investigó cómo funcionó la cadena de comando. El entonces gobernador Reutemann había designado en la Secretaría de Seguridad a Enrique Alvarez, un agente civil de inteligencia incorporado en marzo de 1976 a la SIDE. El ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez se reunió con representantes de la policía provincial y de las fuerzas federales y con intendentes y dirigentes políticos para definir la respuesta a las movilizaciones. Pero la decisión de reprimir con armamento letal fue transmitida por Alvarez, quien recibió órdenes de Reutemann, a quien veía a diario sin la presencia de Domínguez. Así lo declararon Domínguez y el ex delegado del Ministerio de Gobierno Osvaldo Turco ante la Comisión Investigadora no Gubernamental. En 2005 el juez provincial Roberto Reyes absolvió a Alvarez y Domínguez en la causa que se abrió para determinar las responsabilidades políticas. Reyes fue ascendido a camarista y el fiscal Ricardo Favaretto, que no apeló el fallo absolutorio, a Juez de Instrucción. En 2009 el Juez de Instrucción Rubén Saurín decidió archivar la causa y sostuvo que “si existió un actuar imprudente para resguardar los bienes y las personas, eso no puede ser achacado a la cabeza del Poder Ejecutivo”.
Algunas víctimas
Rubén Pereyra, 20 años, una hija, juntaba cartones. La policía lo mató cuando cruzaba un puente con un cajón de comida.
Juan Delgado, albañil, tres hijos. Esperaba un reparto de comida cuando apareció la policía disparando. Lo mataron en el piso con una Itaka. Le sacaron seis perdigones del cuerpo y balas de goma. El juez Osvaldo Barbero sobreseyó a los policías involucrados en ambos episodios.
Graciela Acosta, 35 años, 7 hijos, en situación de extrema pobreza. Era militante de un movimiento social. Buscaba a sus hijos cerca de un supermercado cuando recibió una bala 9 mms. de la policía. La disparó el agente Luis Quiroz, condenado en diciembre de 2007 a once años de prisión. En 2008, el juez Barbero también procesó al ex comisario de la seccional 29ª de Villa Gobernador Gálvez, José Abraham, y al ex inspector de zona Ignacio Antonio Sifredi, por haber encubierto a Quiroz y por incumplimiento de sus deberes.
Walter Campos, de 15 años. Estaba en la cola de un reparto de comida en Rosario. Lo mató de un disparo a la cara el sargento Angel Omar Iglesias, experto tirador de las Tropas de Operaciones Especiales, quien fue sobreseído.
Yanina García, 18 años, una hija de dos a la que buscaba cuando comenzaron los tiros. Barbero reconoció que la mató una bala de la policía santafesina, pero no individualizó al autor.
Ricardo Villalba, 16 años. Se encontraba frente a un comercio de alimentos saqueado, con la multitud que tiraba piedras a la policía, que le disparó a la cabeza. No hay imputados aunque según la comisión investigadora no gubernamental es evidente que fue uno de tres policías de la seccional 10. Cuando otras personas pidieron que llamasen a una ambulancia, los policías siguieron disparando. Un testigo relató: “Uno de los agentes no nos contestaba hasta que se dio vuelta y dijo ‘que se joda’”.
Claudio “Pocho” Lepratti, 38 años, militante de ATE y la CTA que ayudaba en un comedor comunitario. Subió al techo para pedirles a los policías de la provincia que no dispararan al aire, porque adentro había niños comiendo. El agente del Comando Radioeléctrico Esteban Velázquez lo mató con un disparo de su Itaka calibre 12/70 en la garganta. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe reconoció que el crimen ocurrió “fuera de la zona de saqueos y en los fondos de una escuela”. El juez de Sentencia Ernesto Genesio lo condenó a 14 años de prisión. En 2009 el juez Julio García condenó a otros cinco policías (Marcelo Arrúa, Rubén Pérez, Daniel Braza, Roberto De la Torre y Carlos Alberto de Souza) por falsedad ideológica y encubrimiento agravado: balearon y destruyeron el patrullero para simular un ataque y alegar que actuaron en su defensa. León Gieco escribió una canción sobre Lepratti, “El ángel de la bicicleta”, cuyo estribillo dice “¡Bajen las armas! Que aquí solo hay pibes comiendo”.
